Comprar un décimo para el sorteo de Navidad en una administración de lotería es algo normal para la mayoría de la población en las semanas previas a la Navidad. Sin embargo, algo tan habitual como encontrar números de lotería en los escaparates de los comercios puede ser para las personas con adicción al juego una verdadera prueba de resistencia para evitar una recaída. Por eso, muchos jugadores rehabilitados o en proceso de conseguirlo optan por inscribirse en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) para pedir que les prohíban participar en estas actividades.
La inscripción en ese registro público impide acceder a juegos y apuestas por internet, sin embargo, no supone ningún control a la hora de comprar un décimo de la Lotería o un boleto de la ONCE, porque al adquirirlo no se comprueba la identidad. El problema surge cuando el número resulta premiado, porque los inscritos en ese registro no pueden cobrar el premio, al igual que tampoco pueden los menores de edad, según la ley 13/2011 de regulación del juego que recuerda en su web la Dirección General de Ordenación del Juego: "Puede ser efectivamente aplicada dicha prohibición en el momento del pago de premios".
Según los últimos datos actualizados por la Dirección General de Ordenación del Juego, 72.696 personas estaban inscritas el pasado enero en el registro público, 9.600 más que un año antes.
Además de los jugadores rehabilitados que piden que se les impida participar en actividades de juego, en el Registro General de Interdicciones al Juego figuran quienes tienen prohibido por resolución judicial el acceso, y aquellos que se hallan legalmente incapacitados para esta actividad.
Los jugadores rehabilitados reclaman "un control de acceso"
La Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR) cifra en alrededor de 8.000 los pacientes a los que atiende en la actualidad por problemas de juego en sus 24 centros. Su secretario, Juan Lamas Alonso, recuerda que en los últimos años se han conocido varios casos de premiados que compraron un décimo de Lotería o un boleto de la ONCE, pero según la ley, no deberían haber participado en el sorteo, y reclama "un control de acceso a todo tipo de juegos".
Una de las situaciones de este tipo más recientes se produjo el pasado mes de marzo con otro sorteo, el de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), corporación de derecho público de carácter social. La organización aseguraba no poder entregar los 400.000 euros del premio al beneficiario, porque este aparecía en el registro de personas con adicción al juego. La familia alegaba por su parte que el décimo premiado no era de él, sino de su mujer. rtve
